Representantes de frentes de defensa y organizaciones sociales de las siete provincias de la región, acordaron otorgar un plazo de 20 días para que el gobernador Baltazar Lantarón instale la Mesa de Diálogo Regional, de lo contrario, convocarán en fecha por definir un paro regional hasta lograr que sus demandas sean atendidas.

El presidente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Abancay, Elmer Wharton Quintanilla, manifestó durante la asamblea que tuvo lugar el último 12 de abril en la Casa de la Cultura de Abancay, se evalúo los resultados del paro de 48 horas convocado el 2 y 3 de abril.

Asimismo, se reajustó la plataforma de demandas única de 13 puntos que fueron consensuados por los dirigentes sociales.

Elmer Warthon indicó que no fueron invitados a la audiencia de los 100 primeros días de gestión de Baltazar Lantarón, lamentando la actitud asumida por el mandatario regional y su falta de voluntad política para dialogar con las organizaciones sociales.

“Hemos dado un plazo de 20 días para que el gobernador regional instale la mesa de diálogo, si no lo hace, estaremos tomando medidas de fuerza y una de ellas sería la compra de kits de revocatoria para comenzar a recolectar firmas”, aseveró.

Cabe resaltar que en esta reunión estuvieron presentes los dirigentes Marco Cervantes y Milcíades Rivas quienes después de haber protagonizado un agrio enfrentamiento verbal e intercambio de acusaciones.

Finalmente, se dieron la mano y pidieron disculpas ante los dirigentes por sus diferencias públicas, comprometiéndose a trabajar en forma conjunta a partir de la fecha.

Los 13 puntos de la plataforma de lucha son:

1.     Exigir la auditoria y revisión de las 17 condiciones del contrato entre el Estado y la empresa MMG Las Bambas (antes Xstrata Copper)

2.      Exigir la auditoria a las empresas mineras que operan en la región de Apurímac, asimismo, el control de la salida de minerales en forma polimetálica.

3.     Cumplimiento del Canon Minero de forma inmediata conforme a la Ley N° 27506 y normas conexas.

4.     Exigir al Gobierno Central la transferencia del impuesto por la venta de sus acciones y derechos de Glencore Xstrata a la empresa estatal china Minmetals de la suma de 1,500 millones de soles, de los cuales corresponde el 50% para la inversión pública de la región Apurímac.

5.     Instalación de la oficina de enlace de la empresa MMG Las Bambas en la capital de la región Apurímac, con la finalidad de captar técnicos, profesionales y proveedores de la región Apurímac, en cumplimiento a la responsabilidad social empresarial.

6.     Construcción e implementación de hospitales, infraestructuras educativas, casa de refugio para mujeres violentadas, infraestructura e implementación de la
Unamba y Unajma, vías de comunicación a nivel regional, asfaltado doble vía Santa Rosa – Antabamba y el asfaltado de la vía Abancay – Grau – Cotabambas.

7.     Instalación de las oficinas descentralizadas del Gobierno Nacional en la ciudad de Abancay por ser la capital de la Región.

8.     Cese de la persecución de dirigentes sociales por parte del Ministerio del Interior, por el ejercicio constitucional de derecho a la protesta, asimismo, atención de las familias de las víctimas de los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas y otros.

9.     Exigir el apoyo del Gobierno Central para el licenciamiento de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba) y la universidad Tecnológica de los Andes (UTEA).

10. Creación del instituto de alta capacitación en especialidades técnicas en minería en nuestra Región de Apurímac

11. Condonación del presupuesto de endeudamiento anticipado a cargo del canon minero a la Región Apurímac de Apurímac, municipalidades provinciales y distritales.

12. Reconsideración de zona de influencia directa de Las Bambas a la provincia de Grau, por ser parte del Corredor Minero Las Bambas.

13. Auditoria de todas las plantas procesadoras de minerales instaladas en la Región de Apurímac, a fin de preservar el medio ambiente. Revisión externa independiente de las modificaciones de estudios de impacto ambiental de las empresas mineras que operan en la región.