La sentencia de 23 y 30 años de prisión a dos oficiales del Ejército implicados en violaciones a derechos humanos en el Cuartel Los Cabitos en 1983, cometidos como parte de la lucha antiterrorista en Ayacucho, fue ratificada el jueves pasado por la Corte Suprema.

Se trata de Humberto Orbegozo Talavera, quien fue jefe del Batallón de Infantería Motorizado (BIM) 51, ubicado en Los Cabitos, y de Pedro Paz Avendaño, jefe de Inteligencia y a cargo de la llamada “Casa Rosada”, que fue un centro de tortura. Los dos son prófugos de la justicia.

Ambos fueron condenados como autores mediatos por la detención arbitraria, retención ilegal, tortura y otros delitos perpetrados contra 36 personas en Ayacucho en 1983, y el homicidio de Luis Alberto Barrientos Taco, cuyo cuerpo fue exhumado en el terreno de tiro que está junto a la instalación militar. Tenía impactos de bala en la cabeza.

De esta manera queda firme el fallo que en agosto de 2017 dictó la Sala Penal Nacional en ese extremo, pero se anuló la absolución de Roberto Saldaña Vásquez, quien formó parte del Estado Mayor de Los Cabitos, por lo que se realizará un nuevo juicio para él.

Además, la Corte Suprema dejó sin efecto la excepción de naturaleza de acción que benefició a Paz Avendaño y a quien fue jefe de Estado Mayor, Carlos Briceño Zevallos, ordenando otro proceso para ambos por el delito de desaparición forzada.

También se confirmó la reserva del proceso para Arturo Moreno Alcántara por los casos ocurridos entre enero y julio de 1983, hasta que sea ubicado. Se pidió una orden de captura a nivel nacional e internacional.

El tribunal recogió los testimonios de los que fueron llevados arbitrariamente y torturados en la instalación militar, así como de militares que sirvieron en Los Cabitos y efectivos de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) destacados en Ayacucho.

La resolución señala, asimismo, que los testigos son coherentes en sus relatos sobre la detención y tortura a la que fueron sometidos en el cuartel y la llamada “Casa Rosada”

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, que representa a los familiares de las víctimas, calificó esta decisión como una sentencia histórica porque es la primera vez que se judicializa las violaciones a derechos humanos como un caso patrón.

“No se trata de un solo hecho sino de múltiples casos cometidos por orden de una jerarquía militar en una determinada zona y época. Es el primer caso patrón que ha sido judicializado y tiene sentencia”, recalcó.

Añadió que esta condena reivindica a las víctimas. “Dijeron que era mentira que sus familiares estaban desaparecidos y este fallo reconoce que se vivió una historia de horror en Ayacucho como parte de la lucha antisubversiva”, expresó.

Así lo siente también la presidenta de Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), Adelina García. Su esposo, Zósimo Tenorio, fue sacado de su casa por efectivos militares el 1 de diciembre de 1983 y nunca más lo volvió a ver.

“Cuánto hemos llorado, cuánto hemos sufrido. Ahora estamos empezando a ver algo de justicia. Pido al presidente Vizcarra que haga todo para traer a los responsables, que no se olvide de nosotros porque somos pobres. No es venganza, es justicia para que este horror no ocurra otra vez”, demanda.

Precisamente, días antes de que se dice la sentencia de primera instancia, Paz Avendaño salió del país rumbo a México, donde vive su hijo Edgar Paz Ravines, detenido en noviembre pasado por haber sido condenado por las muertes en la discoteca Utopía. Orbegozo Talavera tampoco asistió y de él no se sabe nada.

Fuente: La República