La historia de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por miembros del Ejército, entre los años 1984 y 1995 en las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca, son similares en crueldad e impunidad. Entonces, muchas eran menores de edad. Fueron agredidas repetidas veces en sus propias casas o en el cuartel militar, adonde llegaban bajo la orden de dar declaraciones.

Tuvieron hijos producto de esta insania y vivieron la humillación de sus propios compueblanos que las señalaban como “sobras de morocos”.

Bajo el patrocinio legal de IDL y Demus, nueve de estas mujeres han decidido denunciar a catorce militares por haber cometido este delito de lesa humanidad.

Después de la recusación contra los magistrados del Colegiado B de la Sala Penal Nacional que estaban viendo estas denuncias, el 13 de marzo se dio inicio a un nuevo juicio oral, a cargo del Colegiado A de la Corte Superior de Justicia.

En la primera audiencia, el abogado Juan José Quispe, de IDL, solicitó a nombre de las agraviadas que el proceso judicial sea público. Ellas renunciaron al derecho de tener audiencia en privado como establece la ley en casos de delitos contra el honor sexual.

“Mis patrocinadas quieren que la sociedad conozca lo que les sucedió. Y algo muy importante, la garantía de una correcta administración de justicia es la realización de un proceso público. Además, al ser un delito de lesa humanidad se requiere mayor control de la sociedad”, señaló Quispe.

La misma postura tuvo la abogada de Demus, Cynthia Silva. “Ellas quieren que, por la relevancia histórica del contexto de conflicto armado que vivieron, la sociedad conozca lo que les ocurrió siendo ellas aún adolescentes. Quieren sentir que la sociedad esté vigilante ante potenciales irregularidades como pasó en el juicio anterior, en que los acusados, la defensa de estos y hasta los mismos jueces vulneraron sus derechos”, dijo ante el tribunal que resolverá este pedido en la próxima audiencia del 27 de marzo.

Fiscalía solicita penas entre 8 y 20 años

La fiscalía ha solicitado entre 8 y 20 años de cárcel para los miembros del Ejército acusados de violaciones sexuales sistemáticas contra las mujeres de Manta y Vilca. El Estado es considerado como tercero civil responsable en el proceso.

Los catorce militares denunciados son: Pedro Pérez, Martín Sierra, Rufino Rivera, Vicente Yance, Epifanio Quiñónez y Amador Gutiérrez. También Julio Meza, Gabriel Carrasco, Dionicio Álvarez, Diómedes Gutiérrez, Lorenzo Inga, Sabino Valentín, Roger Pinto y Arturo Simarra. Al inicio del nuevo juicio oral solo asistieron cinco de ellos.

En contraposición al pedido de las víctimas, la fiscal María Eugenia Carrasco se pronunció por un juicio en privado.

Fuente: La República