En los próximos días la Gerencia de Macroproyectos de la Contraloría General de la República dará a conocer los resultados de un segundo informe de control concurrente efectuado a la obra del paralizado nuevo hospital de Andahuaylas que reflejará las irregularidades cometidas por exautoridades, exfuncionarios, supervisora y contratista durante los últimos años.

Pero además, permitirá tener una idea más clara sobre el irregular manejo del presupuesto destinado a este hospital, el pago de valorizaciones y adicionales de obra que ponen en evidencia una componenda bien orquestada para obtener beneficios económicos, así como el presunto desvío de aproximadamente 25 millones de soles hacía la corrupción.

Valery Niño de Guzmán, gerente de la Oficina Regional de Control de Apurímac, precisó que como entidad desde el 2013 intervinieron la obra del nuevo hospital de Andahuaylas mediante exámenes especiales, identificando en un primer momento en el proceso de selección la participación de algunos funcionarios en hechos que comprometían a terceros beneficiándolos ilegalmente.

“Estos informes fueron elevados a la Procuraduría de la Contraloría y que finalmente llegaron al Poder Judicial donde a la fecha se vienen ventilando en los procesos judiciales respectivos”, apuntó.

Asimismo, el funcionario indicó que en el 2015 se practicó una auditoria de cumplimiento donde se identificó la utilización irregular de recursos destinados al hospital en otras obras menores no priorizadas, “desde hace mucho tiempo esta obra comenzó con el pie izquierdo, pero como Contraloría estuvimos detrás de estas acciones poco transparentes”, agregó.

En la gestión de Venegas Torres, sostuvo Valery Niño de Guzmán, se efectuaron controles simultáneos, orientaciones de oficio y visitas de control, haciéndole entrega de tres informes durante el 2017 y 2018 por parte de la OCI del Gobierno Regional de Apurímac, donde se identificaron irregularidades en la utilización del presupuesto, aprobación de valorizaciones e infraestructura no acorde al proyecto.

De acuerdo a la información que se tuvo acceso la obra del nuevo hospital de Andahuaylas presenta un avance físico del 53.12% (a noviembre del 2018) habiéndose invertido un poco más de 31 millones de soles solo en infraestructura hospitalaria.

El responsable de la oficina de control desmintió categóricamente lo afirmado por el exgobernador regional Wilber Venegas Torres quien antes de dejar el cargo señaló que la obra se encontraba en un 90% de avance físico.

A esto se suma la compra de equipamiento médico por 29 millones de soles, el 51% de ejecución en este rubro, quedando la otra mitad pendiente de compra hasta la fecha.

Respecto a la ejecución financiera incluyéndose los adelantos entregados que bordearían los 12 millones de soles. -el cual es muy poco a pesar de los seis años transcurridos- el gasto realizado supera los 73 millones de soles.

Precisó que cuando se firmó el contrato en el 2013 fue por 122 millones 456 mil soles, a la fecha estaría por encima de los 135 millones de soles.

“Se han identificado riesgos de distinta naturaleza que son una serie de irregularidades cometidas que tienen que ver con infraestructura, inadecuado control de amortizaciones en los adelantos, aprobación de adicionales de obra con una incidencia superior al 15%, es decir, es el gobierno de la informalidad, a pesar que oportunamente lo advertimos”, aseveró.

Equipos. Desde el 2014 los equipos biomédicos permanecieron encajonados en un almacén de Lima. A fines de diciembre del 2018 fueron trasladados por el Consorcio Andahuaylas a un garaje del sector de Pochccota, en Andahuaylas. Cuando se culmine la construcción del hospital y entren en funcionamiento habrán pasado más de seis años. Nada asegura que estarán en óptimas condiciones y tampoco podrán ser renovados porque sus garantías vencieron tiempo atrás.

Finalmente, Valery Niño de Guzmán, precisó también que la empresa supervisora ganadora de la buena pro en el 2016 (la primera fue el 2012 con el Consorcio Supervisor Andahuaylas que se retiró por incumplimiento de contrato) fue la firma brasileña Engevix Engenharia S.A. – Sucursal en Perú, que tampoco cumplió con las funciones para lo que fue contratada, comprobándose posteriormente que esta era una subsidiaria de la empresa Odebrecht.