El arbitraje se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento ilícito por parte de empresarios inescrupulosos que buscan aumentar los montos originales de las obras públicas, como sucedió con Odebrecht, una práctica que se ha difundido como una epidemia.

Un estudio de la Contraloría General de la República estima que 867 obras públicas en todo el territorio nacional están afectadas por los procesos arbitrales, y que de esa totalidad, estos ocasionan la paralización de la ejecución de 191 proyectos, cuya inversión se estima en 4 mil 693 millones de soles.

Pérdidas inaceptables

A la fecha, las obras públicas detenidas son 647. De este total, el 41% (265 obras) se debe a deficiencias técnicas o incumplimiento contractual; el 30% (191 obras) por los arbitrajes y el 12% (80 obras) por limitaciones presupuestales, entre los principales motivos.

Pero en términos del monto de las inversiones afectadas por las suspensiones, en el 30,2% de casos es por los procesos arbitrales (S/ 4.693 millones); el 20% por deficiencias técnicas e incumplimiento contractual (S/ 3.101 millones) y el 2,8% por limitaciones presupuestales (S/ 435 millones).

En conclusión, según la evaluación de la Contraloría, los procesos arbitrales son el principal motivo de que centenares de proyectos de infraestructura -carreteras, hospitales, escuelas, redes de agua y desagüe- hayan quedado en suspenso. Las manos que están detrás de los arbitrajes suelen ser las de la corrupción.

“Es importante señalar que las conductas ilícitas vinculadas a la solución de controversias entre el Estado y un contratista privado (los arbitrajes), no solo genera un perjuicio económico al Estado -en la medida que se sustraen caudales del erario público-, sino que también provoca un grave problema social, ya que en muchos casos la ejecución de prestaciones son interrumpidas precisamente por decisión de la entidad pública y del contratista que esperan que se resuelva primero su controversia (el arbitraje), en lugar de priorizar la culminación de las prestaciones derivadas del contrato”, explica puntualmente el reporte de la Contraloría.

Efectivamente, no solo se trata de dinero robado a los fondos públicos. La no culminación de las obras afecta con toda su fuerza a los pobladores a los que se había previsto beneficiar con la realización de la infraestructura de índole social.

En el 27% de los casos, los arbitrajes son planteados por los contratistas en busca de la ampliación de los plazos establecidos para la culminación de los proyectos de infraestructura. Y en un 22% los proveedores recurrieron a los procesos arbitrales porque las entidades públicas resolvieron los contratos por incumplimiento de los mismos.

Sin ninguna duda, el arbitraje, que se introdujo como una medida para evitar los procesos judiciales interminables, se ha transformado en una práctica de exacción de los recursos públicos. “Este problema genera profunda preocupación, ya que la mayor cantidad de arbitrajes en los procesos de contrataciones con el Estado, se presenta en los contratos para la ejecución de obras públicas”.

De acuerdo con la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en la última década se ha registrado un crecimiento explosivo de la aplicación de los arbitrajes para la resolución de controversias entre las proveedoras y las entidades públicas nacionales, regionales y locales. En 2007, se hicieron 61 arbitrajes relacionados con obras públicas. Para 2017, dichos arbitrajes saltaron a 201.

Puerta de salida

Estas cifras que explican por qué existen centenares de proyectos de infraestructura pública abandonados en todo el país, también demuestran que los conflictos sociales se originan en las regiones del interior por el incumplimiento de las obras.

En efecto, de la totalidad de 867 proyectos suspendidos por arbitrajes, incumplimientos, corrupción, etc., el 22% (192 obras) corresponde al sector Agricultura, que es el encargado de una buena parte de las obras de reconstrucción en las áreas afectadas por El Niño Costero.

El 20% (176 obras) pertenece al sector Educación; el 15% (132 obras) a Vivienda, Construcción y Saneamiento (proyectos de agua y desagüe en especial); el 11% (96 contratos) a Desarrollo e Inclusión Social (básicamente incumplimiento de entrega de productos para los programas de asistencia); y 10% (88 obras) a Transportes y Comunicaciones (habilitación de carreteras y puentes); entre otros.

Estas cifras permiten comprender por qué la construcción de la obra pública en el país es muy lenta y perjudicial. Y no solo se trata de dinero.

En esa línea, el contralor Nelson Shack ha presentado una iniciativa legal para que se completen los proyectos de obras públicas, en particular las congeladas desde hace medio año y han sido avanzadas hasta en un 80%. El régimen especial afectará directamente a 607 proyectos suspendidos, que involucran 9.291 millones de soles. Con la aprobación de la norma se acabará con el uso deliberado del arbitraje como medio para apropiarse ilícitamente de los fondos públicos.

Hay proyectos suspendidos desde hace casi 3 años

 En el sector Salud se ubican las obras públicas con mayor número de días de paralización. Son 27 proyectos con un promedio de 932 días de suspensión. En Educación son 149 contratos para la construcción de infraestructura que están congelados por 645 días. Y en Vivienda, Construcción y Saneamiento, suman 99 las obras paralizadas por 619 días.

En el caso de Transportes y Comunicaciones, 71 adjudicaciones se encuentran sin concluir desde hace un promedio de 560 días. Y respecto al sector Agricultura, son 149 las obras pendientes de conclusión desde hace 548 días, Y en el sector Energía y Minas, son 22 los proyectos sin terminar desde hace 510 días.

Y, sin embargo, se suponía que el arbitraje resolvería rápidamente las controversias entre los organismos públicos y los contratistas privados.

Fuente: La República