Reacciones a favor y en contra ha generado en el Parlamento la investigación abierta por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho.

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) prefirió no valorar si el allanamiento realizado por Pérez Gómez y autorizado por Concepción Carhuancho fue correcto o inadecuado. Eso sí, opinó que “hay una guerra interna en la Fiscalía que hay que terminar”.

Sobre los letrados, señaló que “aparentemente están actuando bien”, pero evitó pronunciarse más allá pues no conoce el detalle de los expedientes sobre la diligencia realizada el pasado 4 de enero.

Por su parte, el aprista Mauricio Mulder consideró a la indagación como “parte de la rutina” del sistema de justicia, en el que cada acción tiene un “contrapeso”.

“Cuando un juez o un fiscal hace una acción siempre tendrá una contraparte que lo va a fiscalizar… es parte de la rutina. El tema es que a la hora de interpretar las leyes, se interpreten de la manera más equilibrada”, remarcó.

Javier Velásquez Quesquén, también miembro del partido de la estrella, defendió la indagación, pues se ha abierto “para investigar”. “No supone que ya son culpables o responsables, es para poner en contexto unos hechos”.

El legislador de Frente Amplio Hernando Cevallos se opuso a la investigación que tildó de “inoportuna y totalmente desproporcional”. “El mundo al revés, ¿no? Acá se blinda al señor [Pedro] Chávarry y ahora se trata de buscarle la vuelta y a los fiscales los vamos a investigar”, cuestionó.

Sin mencionar los nombres, sostuvo que “hay una serie de esfuerzos para tratar de bloquear estas investigaciones [realizadas por los magistrados]”. “No me sorprende que aparezcan denuncias sobre los fiscales que se han atrevido a desafiar estas mafias.

También el oficialista Juan Sheput se mostró en contra y consideró que se trata de un “hostigamiento” cuando se acerca la fecha de la firma del convenio de colaboración con la empresa brasileña Odebrecht.

“Todo lo que signifique hostigar, hacerles perder el tiempo, distraerlos del foco de su atención va a ser utilizado… No hay que confundir rigurosidad con abuso de autoridad”, aseveró.

Como se sabe, a investigación abierta por la fiscal Escarleth Laura Escalante es por presunto abuso de autoridad y tiene un plazo de 120 días.