La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay representado por el Fiscal Anticorrupción Édison Quispe Huanca formuló el requerimiento acusatorio a 17 años de prisión efectiva contra el exgobernador regional de Apurímac y seis exfuncionarios, quienes desviaron recursos públicos para financiar la campaña reeleccionista del acusado Elías Segovia Ruíz durante el año 2011-2014.

Según el requerimiento acusatorio presentado al cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay la pena alcanza contra Miguel Antonio Warthon Campana (exdirector de Comunicación del GR de Apurímac) diecisiete (17) años de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito de Peculado Doloso Agravado para sí.

Asimismo, la acusación fiscal imputa  a otros exfuncionarios del gobierno regional, entre ellas  Efraín Ambía Vivanco ex vicepresidente regional, Miguel Valenzuela Rodríguez exsecretario, José Moisés Lizárraga Trujillo exgerente general y Eli Rodolfo Alarcón Reyes servidor público  (hijo de un Juez Superior de Apurímac) por la comisión del delito de peculado doloso por apropiación en su forma agravada y malversación de fondos públicos agravado respectivamente.

Los imputados son acusados por modificar ilegalmente 1 millón 139 mil 863.00 soles, de proyectos que estaban programados dentro del PIA de los años 2013 y 2014 tal es el caso de los proyectos: Hospital de Andahuaylas, Ofertas educativas en 8 comunidades más pobres de la región, capacitación docente en Tecnologías de la información y de 89 programas de PROCOMPITE 16 quedaron afectadas.

El presupuesto modificado y transferido de manera ilegal hacia el proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de comunicación de la oficina regional de comunicación del gobierno regional de Apurímac, provincia de Abancay-Región Apurímac” no estaba considerado en el presupuesto institucional de apertura de los años 2013-2014, es decir no tenía la condición de inversión prioritaria y era ilegal realizar modificaciones presupuestales.

Es así que los recursos habilitados ilegalmente de los proyectos a favor de la oficina Regional de Comunicación llegaron a parar a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para financiar diversos servicios de publicidad y otras actividades propiamente designadas a la campaña reeleccionista del hoy acusado Segovia Ruiz, afectando el presupuesto de otros proyectos que quedaron rezagados y sin ejecutar.

La acusación se encuentra respaldada en su aspecto probatorio entre ellas con una pericia contable efectuado por los peritos de la Fiscalía Anticorrupción y del gobierno regional asimismo  un centenar de medios probatorios que respalda el requerimiento acusatorio del fiscal anticorrupción.

Finalmente, como es de conocimiento público por otros hecho ilícitos, Elías Segovia Ruiz desde el 20 de noviembre del año 2017 viene llevando Prisión Preventiva en el estabelecimiento penal de Abancay.