El Fiscal de la Nación Pedro Chávarry ha puesto en marcha un operativo, el de desarmar el equipo de fiscales que investiga el caso Lava Jato. La medida la adoptaría en horas previas a Navidad para neutralizar una adversa reacción ciudadana. En esos días, los peruanos están adormecidos por las fiestas.

Este grupo de trabajo lo preside Rafael Vela. Con él también trabaja José Domingo Pérez, que investiga a Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, señalados de recibir dinero negro de la empresa Odebrecht.

Los exprocuradores José Ugaz, Julio Arbizú y el exdefensor del Pueblo Walter Albán Peralta lanzaron la alerta para mantener atenta a la opinión pública.

Los primeros en percibir "las movidas" fueron los fiscales de Brasil con quienes trabajan en el intercambio de información. Por eso emitieron un pronunciamiento de solidaridad con el trabajo de los pares peruanos y una advertencia que si los cambian sería un duro golpe a las investigaciones. Se rumorea, dijo Ugaz, como reemplazante de Vela, al fiscal Abel Concha, a quien se le culpa de demorarse en el proceso para solicitar la extradición del expresidente Toledo.

Por otro lado, recordó Ugaz, Chávarry ya tiene antecedentes de retirar fiscales anticorrupción que hacen su labor. Lo hizo con Jackeline Pérez Castañeda, que trabajaba en una Fiscalía del Callao. La degradó solo por ser pareja del exprocurador Ronald Gamara, un duro crítico de su gestión. Recordó que Chávarry también entorpeció el trabajo de las fiscales que investigan a los Cuellos Blancos del Puerto, la red de jueces corruptos puestos al descubierto con los audios. Cuando una de esas magistradas tenía que cumplir diligencias sobre el caso, la mandó a un operativo en la selva. Ugaz no descarta que se use como pretexto del descabezamiento la solicitud del abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, quien pidió el retiro del fiscal Pérez, a quien se le cuestiona incluir en la investigación a la abogada de Keiko Fujimori. Habría ahí  un accionar arbitrario.

De producirse estos cambios, Albán teme que se active una movilización social en las calles en respaldo a esos magistrados. Afirma que los ciudadanos ya no están dispuestos a tolerar la corrupción y se movilizarán.

Albán indicó que la gente no está dispuesta a soportar tanta corrupción.

El exprocurador Julio Arbizú también manifestó su preocupación por estos cambios. Dijo que eso retrasaría las investigaciones y enviaría una pésima señal a los demás fiscales. "La gente debe salir a las calles y no permitir la medida”, indicó. Para Arbizú, lo que más preocupa es que se retrasarían las investigaciones, lo que podría percibirse como manto de impunidad.

Fuente: La Republica.