A raíz del paro indefinido que iniciaron los comuneros cotabambinos el 25 de setiembre del año 2015 contra la empresa minera Las Bambas, el Ministerio Público denunció a veinte personas. Para ellos solicitó penalidades que van desde 11 hasta 17 años, bajo la acusación de haber cometido disturbios, daños, fabricación y tenencia de armas.

Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron seis meses de prisión preventiva en una cárcel del Cusco. A partir del año 2016 ambos siguen el proceso en libertad.

Al tercer día de la protesta que los comuneros decidieron ante la ausencia de información y consulta sobre las modificaciones que la empresa hizo al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero y el incumplimiento de compromisos por parte de la minera, se produjo una fuerte intervención policial que ocasionó la muerte de tres personas y numerosos heridos. Los comuneros señalan que hasta el momento no ha empezado ningún proceso judicial para esclarecer estas muertes.

La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal. No descarta la posibilidad de una “siembra” de pruebas.

Los acusados fueron detenidos cuando salían del campamento minero. Ellos han sostenido que ingresaron al campamento en apoyo al personal de la posta médica para el traslado de los heridos.

Una vez más se está criminalizando a los defensores sociales para resolver los conflictos socioambientales. Se pronunció por que retorne el diálogo para lograr un plan de desarrollo sostenible a favor de Cotabambas y solucionar los impactos ambientales.