La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó las condenas de hasta 17 años de cárcel contra seis militares peruanos por el homicidio de 12 campesinos y la desaparición de otros cuatro en 1990, según informó el Poder Judicial.

Los militares sentenciados prestaron servicios en la Base Contrasubversiva de Antabamba, en la región surandina de Apurímac, en 1990, y las víctimas vivían en pueblos aledaños donde fueron detenidos por los uniformados bajo la presunción de ser terroristas.

El tribunal supremo confirmó las sentencias por los delitos de lesiones seguidas de muerte, homicidio calificado y desaparición forzada, considerados crímenes de lesa humanidad por el derecho penal internacional.

“Lo que se hizo en el presente caso fue una intervención militar marcadamente arbitraria y de grave violación de los derechos humanos“, indicó el fallo.

La sala ratificó la sentencia de 17 años de cárcel contra Alan Olivari Medina, a cargo de los patrullajes antisubversivos en la zona en abril de 1990, e igualmente la condena de 15 años contra el jefe de Base Contrasubversiva de Antabamba, Jaime Pando Navarrete.

Asimismo, confirmó la sentencia de 10 años de cárcel para Mario Cruz Porcela, Beltrán Tapia Carrasco y José Pérez Quispe, y de ocho años de prisión para Felipe Montañez Ccama.

La resolución judicial ordenó también que los sentenciados vuelvan a ser juzgados por el delito de violación sexual en agravio de dos mujeres.

Las víctimas de desaparición forzada son Quintín Alférez Cjuro, Telésforo Alférez Achinquipa, Gregorio Huisa Alcahuamán y Dámaso Charccahuana Huisa, cuyos paraderos se desconocen desde que fueron detenidos por la patrulla militar.

La resolución judicial agregó que lo sucedido no fue un acto aislado, sino la ejecución de una labor dirigida a “intervenir con acciones desproporcionadas a los pobladores de esos lugares lejanos, bajo la sospecha de terroristas o colaboradores con ellos, y, desde esa óptica, someterlos a privaciones de libertad, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales“.

El tribunal presidido por César San Martín también incrementó la reparación civil a 100.000 soles (30.700 dólares), que los condenados deben pagar a cada víctima o sus herederos en forma conjunta con el Ministerio de Defensa, como tercero civil responsable.

De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el número de muertos y desaparecidos durante el conflicto interno ascendió a 69.000 entre 1980 y 2000, siendo los principales responsables la banda armada Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, seguidos por las fuerzas armadas y policiales.