El Cuarto Juzgado Unipersonal del Cusco emitió una orden de captura contra el congresista de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos, informó La República. La sala tomó esta decisión luego de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Lima determinara que a Ríos, condenado por colusión agravada en diciembre del 2017, no se le puede aplicar la inmunidad parlamentaria, pues sólo alcanza a los casos ocurridos durante el mandato de los congresistas.

La sala que ordenó la captura también había condenado al congresista a siete años de prisión por adquirir terrenos sobrevaluados para uso municipal en el 2009, cuando era alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba.

Esta decisión no se podía hacer efectiva pues surgió la duda sobre si la inmunidad parlamentaria aplicaba al congresista. Por tal motivo, el caso fue consultado a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Lima.

El organismo de la Corte Suprema ratificó una decisión de marzo del 2017 en la que ya se establecía que la inmunidad parlamentaria no alcanzaba a los casos ocurridos antes de la elección de los congresistas. Tras el pronunciamiento, el juez Jimmy Manchego envió oficios a la Policia Judicial el 13 de abril en los que solicitó la captura de Ríos y su reclusión en el penal Qenqoro. El congresista ha sido inhabilitado por tres años para ejercer cargo público y deberá pagar una reparación de S/.250 mil.

La apelación de la sentencia contra el congresista por colusión agravada está programada para el miércoles 18 y será analizada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, informó RPP. Al cierre de esta nota Ríos no se había puesto a disposición de las autoridades. La defensa legal del parlamentario sostiene que el levantamiento de la inmunidad debe ser tramitado ante el Congreso de la República.

Según explicó el abogado Gustavo Gutiérrez, la inmunidad del congresista Ríos impide que sea arrestado. “La inmunidad, en la Constitución, protege a los parlamentarios de los procesos y frente a los arrestos de manera absoluta. En el 2006, se hizo una reforma a nivel de Reglamento que ha permitido que los congresistas que tienen procesos con anterioridad puedan ser procesados sin autorización del Congreso.

Pero si hay una solicitud de arrestos, en este caso tiene que pasar por la autorización del Congreso porque tiene que verificarse si hay intencionalidad política”, sostuvo.