Importante artículo para entender los entretelones políticos que desde el Congreso de la República (la dictadura parlamentaria) se pretende imponer, aun no estando en el Gobierno.

La clase política pareciera no querer entender que la crisis actual mancha a todos. A pesar de las declaraciones de Jorge Barata, que empañan a prácticamente todas las agrupaciones, la mayoría del Congreso vuelve a empuñar la espada del fariseísmo beligerante contra la Presidencia de la República. Keiko Fujimori no retrocede y continúa intentando boicotear al gobierno por la vía de exigir la salida de PPK.

La izquierda se unifica en un nuevo pedido de vacancia prácticamente igual al que no apoyó la bancada de Nuevo Perú en diciembre. Ningún país —mucho menos uno que se supone funciona bajo el esquema presidencialista— se puede sostener políticamente en estas condiciones.

La nueva vacancia no tiene por qué proceder incluso cuando sea totalmente respetable la opinión de quienes desaprueban al presidente. Los —discutibles— argumentos sobre su “incapacidad moral permanente”, que no encontraron consenso parlamentario en diciembre, siguen siendo insuficientes. Ni haber faltado a la transparencia ni indultar a Alberto Fujimori configuran incapacidad.

En una democracia garantista es un principio del derecho sancionador —y esta vacancia es una sanción— que no cabe juzgar dos veces los mismos hechos. Y es un principio del presidencialismo que la figura (no la persona) presidencial debe ser protegida de los vaivenes coyunturales mientras ostenta el cargo. El costo político de destituir a PPK sería muy alto en esta coyuntura y dificultaría formar alianzas para alcanzar los 87 votos necesarios

Vacancia presidencial: las nuevas razones de la oposición para destituir a PPK

En este contexto, resulta obvia la maniobra de intentar arrinconar (aun más) al Poder Ejecutivo por medio de la reglamentación de la moción de censura y la cuestión de confianza propuesta por el congresista del Apra Mauricio Mulder. Por un lado se dispone que la crisis del gabinete involucra la crisis de todos los ministros y por lo tanto es inviable reponerlos en el siguiente gabinete. A diferencia de lo que han opinado muchos, esta revista cree que ello sí resulta compatible con el espíritu de la Constitución. No existe gabinete sin premier. Son mutuamente implicantes.

Sin embargo, la nueva regla no puede ser aplicada de forma retroactiva, como pretende ahora Mulder, y acaso la mayoría opositora, con la mira evidentemente puesta en la vacancia. La confianza negada al expremier Fernando Zavala fue indiscutiblemente la primera crisis de gabinete, que cuenta para efectos de una eventual disolución del Congreso. A la siguiente, si la hubiera, PPK debería poder cerrarlo constitucionalmente.

 El otro punto reglamentado —impedir la cuestión de confianza para evitar un acto de control político como interpelación o censura, o la aprobación de una ley— supone un atropello aun más grave al equilibrio de poderes. El Congreso arbitraria e inconstitucionalmente desnaturaliza así la cuestión de confianza, “una institución prevista justamente para condicionar la permanencia de un ministro si el Congreso no apoya su política”, señala el constitucionalista Carlos Haakanson.

Si no se puede aplicar en tales supuestos ¿qué sentido tendría siquiera que exista? Esto es una modificación de facto del texto constitucional y no puede dejarse pasar por ningún motivo porque destruye los contrapesos constitucionales. 

Fuente: SEMANA Económica