El Gobernador Regional de Apurímac Wilber Fernando Venegas Torres, en reunión sostenida con representantes del Ministerio de Salud, así como el Director Regional de Salud Med. Elio Mauro Vidal Robles y el Médico Psiquiatra Rubén Humberto Arce Loayza representante de la Dirección de Salud Mental de la DIRESA-Apurímac, acordaron realizar trámites y gestiones ante el Ministerio Salud, para el financiamiento y funcionamiento de tres Centros de Salud Mental en la Región Apurímac.

Importante reunión se llevó a cabo el martes 21 de noviembre en la sede institucional del Gobierno Regional. Donde se acordó presentar en un plazo máximo hasta fines del presente mes, el DOCUMENTO TÉCNICO mediante el cual se sustente la necesidad y urgencia de contar con determinado Centros de Salud Comunitario, que tendrá por finalidad atender diferentes problemas de salud mental que se presentan en el ámbito de la Región Apurímac.

Los mencionados Centros de Salud Mental cumplirán con la atención a personas, con diversos problemas económicos, familiares y genéticos, que presenten trastornos y que deben ser tratados por profesionales.

Debemos tener en cuenta que las estadísticas, dan cuenta que la salud mental es una amenaza seria a la salud pública a nivel mundial. Se estima que más de 350 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión; y en 2012, a nivel mundial, el suicidio fue la quinceava causa de muerte general y la segunda causa de muerte para personas entre 15 y 29 años (OMS, 2016).

Para efectos de la Ley General de Salud, la salud mental se define como el bienestar que una persona experimenta, resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, así como del despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la salud.

En Apurímac y el país, los problemas de salud mental se han visto agravados de manera muy significativa, debido a factores socioeconómicos y culturales como consecuencia de la crisis política, las diversas expresiones de violencia, el creciente consumo de sustancias adictivas y la grave situación de pobreza en la que vive la mayoría de peruanos. Es preciso señalar que un importante número de las víctimas que la violencia política desatada entre 1980 y 2000 dejó en nuestro país, presenta algún trastorno mental o ha adquirido algún otro tipo de discapacidad.